Nicaragua, atacada por seguir las mismas políticas de EE.UU. contra la injerencia extranjera

Por: John Perry *

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lanzó otro ataque contra el gobierno sandinista de Nicaragua el mes pasado, acusando al Presidente Daniel Ortega de ser un “dictador” que “redobla la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”[1]. El Departamento de Estado apoya abiertamente lo que llama “un retorno a la democracia en Nicaragua”, diciendo que “el pueblo de Nicaragua se levantó pacíficamente para pedir un cambio”[2].

Las acusaciones de Pompeo se produjeron en un mes en el que la Asamblea Nacional de Nicaragua hizo tres nuevas propuestas legislativas, la más importante de las cuales tiene por objeto limitar este tipo de injerencia extranjera en la política nicaragüense. Como era de esperarse, diversos organismos internacionales se hicieron eco de las críticas de Pompeo. Human Rights Watch dijo que Ortega está “aumentando su control autoritario”[3]. Amnistía Internacional afirmó que Daniel Ortega planea “silenciar a quienes critican las políticas del gobierno, informan a la población y defienden los derechos humanos”[4]. Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y PEN Internacional se lanzaron a la defensa de la libertad de prensa[5]. Fox News calificó esta respuesta como “una protesta internacional” y Reuters dijo que el gobierno planea “silenciar” a la oposición[6].

Entonces, ¿qué está haciendo realmente el gobierno nicaragüense? ¿Son sus acciones inusuales comparadas con las de otros países?  ¿Es necesaria la nueva ley?

Se  presentaron tres proyectos de ley en la Asamblea Nacional, recientemente aprobados:

  • Uno es para regular a los “agentes extranjeros”. Las nuevas regulaciones requerirían que aquellos que reciban dinero desde el extranjero con “propósitos políticos” se registren en el Ministerio de Gobernación y expliquen para qué se utilizan esos fondos. Existen regulaciones similares en los Estados Unidos.
  • La segunda es hacer frente a la ciberdelincuencia y penalizar la piratería informática; se prohibiría la publicación o difusión de información falsa o distorsionada, “susceptible de propagar la ansiedad, la angustia o el miedo”.
  • La tercera es permitir sentencias de cadena perpetua para los peores delitos violentos (como se aplica en los EE.UU., excepto, por supuesto, en los estados que utilizan la pena capital).

Noticias falsas y muertes falsas

La segunda propuesta surge del deseo de frenar las campañas masivas de “noticias falsas” que comenzaron en 2018, con anuncios de muertes que nunca tuvieron lugar. También se pretende evitar mensajes en las redes sociales que provoquen ataques a las personas o que promuevan delitos violentos como la tortura, mediante su filmación y publicación. Más recientemente, ha habido campañas destinadas a convencer a las personas con síntomas de COVID-19 para que no acudan al hospital, lo que sin duda disuadió a algunas personas para obtener ayuda y dificultó al gobierno la tarea de controlar la pandemia [7]. La posibilidad de restringir con éxito esas noticias falsas es, por supuesto, un punto discutible, pero los cambios legislativos del gobierno son explicables aunque su probable eficacia sea incierta.

La tercera propuesta también tiene su origen en la violencia de 2018, cuando las turbas de la oposición secuestraron y torturaron a agentes de policía, funcionarios de gobierno y partidarios sandinistas. Pero su justificación inmediata es la reciente y horrorosa violación y asesinato de dos hermanas jóvenes en el pueblo rural de Mulukukú, por un criminal que había participado en un ataque de la oposición a la comisaría local en 2018, en el que murieron tres agentes de policía [8]. Este individuo fue capturado en 2018, declarado culpable y encarcelado, pero fue incluido por la oposición en su lista de los llamados “presos políticos”. Luego fue liberado como parte de la amnistía general de junio de 2019, instituida por el gobierno bajo una tremenda presión internacional. El sistema jurídico nicaragüense no tiene penas de muerte y limita las penas de prisión a un máximo de 30 años. La nueva ley permitiría a los jueces encarcelar de por vida a los culpables de los peores delitos. El diario Washington Post interpretó la ley como una amenaza de sentencias de por vida para los opositores del gobierno, lo cual está lejos de la verdad [9].

La ley para regular los “agentes extranjeros”

La propuesta que está causando más protesta es el proyecto más sencillo, la ley de “agentes extranjeros”. Esta exigiría que todas las organizaciones, organismos o personas que trabajan con instituciones que son propiedad o están controladas directa o indirectamente por gobiernos o entidades extranjeras, o que reciben fondos de ellas, o que responden a ellas, se registren como agentes extranjeros en el Ministerio del Interior. Se prohíben las donaciones anónimas. Las donaciones deben recibirse a través de cualquier institución financiera supervisada y se deben explicar los montos, destinos, usos y propósitos del dinero donado. Los agentes extranjeros deben abstenerse de intervenir en los asuntos políticos nacionales, lo que significa que cualquier organización, movimiento, partido político, coalición, alianza o asociación política que reciba financiación extranjera no podrá participar en la política nicaragüense. Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión de la Asamblea Nacional encargada de examinar el nuevo proyecto de ley, ofreció esta sinopsis: “Sólo nosotros, los nicaragüenses, podemos resolver en Nicaragua los asuntos que nos conciernen. En resumen, eso es lo que dice la ley de agentes extranjeros”[10].

A pesar de las protestas de Amnistía Internacional y otros, y del Financial Times que llama a la nueva medida “Ley Putin”,[11] el mundo está lleno de precedentes para controlar la participación extranjera en actividades políticas. Por ejemplo, de los países de la Unión Europea, 13 tienen leyes muy estrictas relacionadas con el financiamiento político extranjero y sólo cuatro no tienen ninguna restricción en absoluto.[12] En Suecia, recibir dinero de una potencia extranjera o de alguien que actúe en nombre de una potencia extranjera es un delito penal si el objetivo es influir en la opinión pública en asuntos relacionados con el gobierno del país o la seguridad nacional.[13] La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene más ejemplos de muchos países diferentes que ilustran la amplia gama de diferentes poderes utilizados.[14]

Tal vez no sea sorprendente que en los Estados Unidos se apliquen las disposiciones jurídicas más amplias y estrictas[15], que impiden no sólo a los gobiernos extranjeros, sino a las entidades extranjeras de cualquier tipo, participar en la actividad política  del país. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) impone restricciones particulares, ya que exige que una amplia gama de organismos que reciben financiación extranjera se registren como “agentes extranjeros”, con severas sanciones en caso de incumplimiento[16]. Un caso reciente en el que estaba implicada una organización no gubernamental (ONG) demostró que la ley exige el registro para actividades de tan amplio alcance que la mayoría de la gente no las consideraría en absoluto “políticas” (la ONG se ocupa de proyectos medioambientales). [17] Los abogados que informaron de este caso aconsejan a las ONG que “se les puede exigir que se registren en la FARA, incluso si la financiación que reciben de gobiernos extranjeros es sólo una parte de los recursos financieros de la organización y el trabajo propuesto se ajusta a la misión existente de la organización sin ánimo de lucro”.

Los partidos políticos no son los únicos afectados por la nueva ley

¿Por qué la nueva ley no se limita a los partidos políticos, como las restricciones similares en algunos países europeos, por ejemplo? La razón es que Nicaragua tiene un pequeño número de organizaciones del “tercer sector” muy politizadas: ONGs, organismos de “derechos humanos” y medios de comunicación que reciben financiación extranjera con fines políticos. El país también tiene, por supuesto, miles de ONGs que reciben dinero desde el extranjero para fines legítimos, como el alivio de la pobreza. Un ejemplo ocurrió mientras se escribía este artículo.

Han aparecido carteles en las calles de la capital, Managua, con mensajes como “Por Nicaragua, soy capaz de cambiar” o “Nicaragua me importa” (ver primera foto). Supuestamente, la campaña de carteles, llevada a cabo por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, comenzó después de que los obispos católicos que apoyan a los grupos de oposición se reunieron con los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, quienes acordaron pagar los costos de la campaña [18]. Mientras que para alguien no familiarizado con la política nicaragüense los mensajes pueden parecer inofensivos o incluso anodinos, para la gente local las palabras y los colores hacen evidente que se trata de publicidad que apoya a la coalición poco definida de grupos y partidos que pretenden derrocar a Daniel Ortega en las elecciones del próximo año. De hecho, como se puede ver en la segunda foto, los memes parodiando los originales ya han empezado a aparecer en los medios sociales.

Fotos, cortesía del colectivo mediático “Tortilla con Sal”.

Los carteles también pueden formar parte de la última operación de los Estados Unidos, conocida como “RAIN” (“Responsive Resistance in Nicaragua”)[19], de la que informó recientemente el Council on Hemispheric Affairs, (COHA), a través de la cual Estados Unidos planean interferir en las elecciones de Nicaragua de 2021 por medio de la USAID. Pero la práctica del gobierno de EE.UU. de utilizar organismos del tercer sector para influir en la política nicaragüense tiene una larga historia. Se remonta al menos a la época de la guerra de la “Contra” en la década de 1980, una operación ilegal masiva financiada y dirigida por los EE.UU. que dejó decenas de miles de nicaragüenses muertos y por la cual la Corte Internacional de Justicia ordenó a los Estados Unidos pagar una indemnización a Nicaragua. Uno de los legados de esa guerra es que el gobierno de Ronald Reagan creó una ONG de “derechos humanos” nicaragüense, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), para encubrir las pruebas de las atrocidades cometidas por las propias fuerzas de la Contra de los Estados Unidos. Esa ONG sigue funcionando hoy en día y sigue respondiendo a los Estados Unidos, atribuyendo las atrocidades de la oposición al gobierno nicaragüense (una breve historia de la ANPDH y organismos similares y sus vínculos con los EE.UU. ha aparecido en The Grayzone). [20]

La financiación desde los Estados Unidos de las organizaciones de la “sociedad civil” nicaragüense se reanudó poco después de que los sandinistas retomaran el poder en las elecciones de 2006. El blog Behind Back Doors publicó documentos que revelan que una agencia estadounidense, USAID, comenzó en 2010 una estrategia para influir en las elecciones nicaragüenses de la siguiente década, asignando 76 millones de dólares a proyectos con partidos políticos, ONGs y medios de comunicación de la oposición[21]. Parte de esta financiación se dirigió a través del Instituto Nacional Demócrata (NDI), específicamente para fortalecer seis partidos políticos de la oposición (aunque un acto equivalente de un gobierno extranjero en EE.UU. sería, por supuesto, ilegal). Entre las muchas ONGs que recibieron fondos se encontraba una, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (que lleva el nombre de la presidenta que sucedió a Daniel Ortega en 1990, y que está dirigida por una de las más prominentes familias políticas de la oposición), que recibió más de 6 millones de dólares que luego dirigió a los medios de comunicación de la oposición (incluidos los de los propios Chamorro). El objetivo del programa era “perjudicar la imagen del gobierno nicaragüense al inicio del proceso electoral de 2016”. En los últimos dos años, las auditorías de USAID, la más reciente de agosto de 2020, muestran que se han asignado otros 2 millones de dólares bajo el mismo programa [22]. Como explicó el comentarista nicaragüense William Grigsby en su programa radial Sin Fronteras, un resultado del financiamiento estadounidense es que más de 25 estaciones de televisión y radio, programas sindicados de televisión y radiales, periódicos y sitios web, producen libremente retórica anti sandinista [23].

Cabe destacar que cuando el Financial Times (FT) reportó respuestas críticas a las nuevas leyes planeadas, incluyó las de la familia Chamorro y las del organismo que representa a la prensa “independiente”, sin señalar su interés financiero en que continúen las subvenciones de EE.UU. [24] El FT también reportó críticas de la National Endowment for Democracy (NED) de EE.UU., sin señalar que es uno de los órganos estatales de EE.UU. que está impulsando el problema que el gobierno nicaragüense busca abordar.

¿Por qué se cuestiona ahora la financiación de las ONG locales?

Los gobiernos sandinistas han estado en el poder durante gran parte del período transcurrido desde el derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979, durante la mayor parte del cual las ONGs de la oposición han podido funcionar dentro de un marco normal de reglamentación de un tipo que existe en la mayoría de los países del mundo (si no en todos). La necesidad de controles más estrictos se hizo evidente hace dos años. En abril de 2018 comenzó lo que Estados Unidos todavía llama “protestas públicas pacíficas”, pero que en realidad fueron muy violentas, con varias ONGs, organismos de “derechos humanos” y medios de comunicación de la oposición que apoyaron activamente la violencia o crearon noticias falsas sobre quiénes eran los responsables de la misma.

Hay abundantes pruebas de esta violencia, por supuesto. Los informes más recientes y detallados provienen del centro de Nicaragua, en una serie de angustiosas entrevistas con las víctimas realizadas por Stephen Sefton [25]. Las ONGs y los medios de comunicación que son afectados por la nueva ley o bien negaron que esta violencia estuviera ocurriendo, o bien intentaron culpar de ella a la policía o a los sandinistas. Muchas de las mismas ONGs y medios de comunicación también se involucraron en socavar la estrategia del gobierno para hacer frente a la crisis del COVID-19, como ya ha informado COHA [26]. Sus campañas causaron sufrimiento y pérdida de vidas entre las personas influenciadas para no acudir a los hospitales públicos como consecuencia de las noticias falsas sobre entierros clandestinos, muertes de figuras públicas prominentes o un colapso del sistema hospitalario, a menudo ilustrado con fotos o videos de otros países que, según ellos, eran de Nicaragua.

A medida que se acerca el año electoral de 2021, la escala del recién iniciado proyecto “RAIN” sugiere a muchos observadores que tiene un doble propósito: apoyar la campaña electoral de la oposición, pero también sentar las bases para deslegitimar las elecciones en caso de otra victoria sandinista. La Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado seguirán afirmando que el gobierno nicaragüense está llevando a cabo “una campaña sostenida de violencia y represión”, contraria al “derecho de reunión y expresión libre” de los nicaragüenses, independientemente de que se aplique la nueva ley. Está más claro que nunca que algunas ONGs y organismos similares son parte integrante de esta ofensiva.

Esta extensión abusiva del papel de las ONGs es, por supuesto, una tendencia en toda América Latina y, de hecho, en el resto del mundo. Un artículo de la revista de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, pregunta si la “N” de “ONG” ha desaparecido [27]. Advierte que, como “una proporción significativa de sus ingresos proviene de los canales oficiales del gobierno, las ONG se asemejarán más a un instrumento de política exterior y menos a una fuerza de cambio y de  apoyo  causas”. En particular, se podría argumentar que las ONG que se dejan reclutar por el gobierno de  Estados Unidos en sus programas de apariencia beneficiosa para “promover la democracia” en diferentes países, en la práctica están suscribiendo un propósito muy diferente. En la actualidad, hay una serie de organismos gubernamentales estadounidenses e instituciones privadas que colaboran para ejercer un poder blando en nombre del programa de cambio de régimen de Estados Unidos en diversos países a través de las ONG locales [28].

William Robinson, que trabajó en Nicaragua en la década de 1980, sostiene que el verdadero objetivo no es sólo el cambio de régimen:[29]

“Los programas de ‘promoción de la democracia’ tratan de cultivar estas élites de orientación transnacional que están favorablemente dispuestas a abrir sus países al libre comercio y a la inversión empresarial transnacional. También tratan de aislar a esas élites contrarias que no están dispuestas a aceptar el proyecto transnacional y también de contener a las masas para que no se politicen y movilicen por su cuenta, independientemente o en oposición al proyecto de las élites transnacionales, incorporándolas ‘consensualmente’ al orden político que estos programas tratan de establecer.”

En el contexto de Nicaragua, esto sugiere que la promoción de la democracia a través de ONGs locales, organismos de “derechos humanos” y organizaciones de medios de comunicación no consiste simplemente en buscar la derrota de Daniel Ortega en las urnas. Buscan, en cambio, lograr un cambio de paradigma, alejándose de los gobiernos que priorizan las necesidades de los pobres para volver a poner el poder en manos de la élite que responde a los intereses transnacionales, como en otros países de América Central que no han experimentado el cambio revolucionario de Nicaragua.

Nicaragua sólo está ejerciendo los mismos derechos que los utilizados por EE. UU.

Chuck Kaufman, de la Alianza para la Justicia Global, sostiene que Nicaragua tiene derecho a conocer y protegerse de la financiación extranjera de su oposición interna. Continúa argumentando que “un país no está obligado a cooperar en su propio derrocamiento por una potencia extranjera”[30], lo que, por supuesto, tiene ecos de las propias acciones de Estados Unidos al rechazar la interferencia extranjera en su política interna. William Grigsby, de Radio La Primerísima, sostiene que Estados Unidos es hipócrita al criticar las restricciones de Nicaragua a la influencia extranjera en los medios de comunicación locales, cuando el propio gobierno estadounidense ha puesto restricciones a las operaciones de los medios de comunicación estadounidenses de empresas con sede en China, Venezuela, Rusia y Qatar [31]. Se informa que el ex-congresista libertario Ron Paul ha dicho: “Es particularmente orwelliano llamar a la manipulación estadounidense de las elecciones extranjeras ‘promoción de la democracia’. ¿Cómo nos sentiríamos los americanos si, por ejemplo, los chinos llegaran con millones de dólares para apoyar a ciertos candidatos considerados amistosos con China?”[32]

Hace un año el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, al revisar la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses de 2016, condenó el hecho de que “los objetivos de Rusia eran socavar la fe pública en el proceso democrático de Estados Unidos, denigrar a la secretaria de Estado Hillary Clinton y perjudicar su elegibilidad y potencial presidencia”[33]. Sin embargo, si esta frase se modificara para referirse a “los objetivos de Estados Unidos”, “el proceso democrático de Nicaragua” y “Daniel Ortega”, describiría precisamente las prácticas deshonestas que Estados Unidos están siguiendo en Nicaragua, que el gobierno sandinista está decidido a detener.

*John Perry es escritor y vive en Masaya, Nicaragua.

Patricio Zamorano, Co-Director de COHA, colaboró como editor de este artículo

Fuente: Council of Hemispheric Affairs (COHA)

Acerca de ZonaFranK

No pestañeo cuando te miro, Para que te acuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, ¡Perdono pero nunca olvido!
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